La homofobia ataca a la ONU

La UE quiere que 60 países apoyen el fin de las condenas por orientación sexual. El Vaticano se une al islamismo integrista contra una declaración no vinculante

La declaración para despenalizar la homosexualidad se cuece a fuego lento en las Naciones Unidas. Pero como indican fuentes diplomáticas metidas en la negociación de este controvertido texto en Nueva York, el tiempo apremia, y aunque se producen avances, encontrar una zona de consenso no es fácil.

El objetivo es tenerla lista para el próximo 18 de diciembre, un día antes del receso de la Asamblea General. La iniciativa surgió de Francia, como presidente de la Unión Europea. Pero ahora es asumida por sus 27 miembros. Además, es apoyada por otros tantos países latinoamericanos, asiáticos y africanos.

Las declaraciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes. Su valor es más bien político. Por eso, el propósito de la UE es conseguir el mayor número de países firmantes, para darle peso. "Lo ideal sería llegar a las 60 firmas" de 192 miembros, indican los negociadores europeos, que reconocen que ir más allá en este momento complicado. Con ello se superarían los 54 apoyos que consiguió una propuesta llevada por Noruega el año pasado en la que se instaba a la Comisión de Derechos Humanos a que se "otorgue la debida atención" a las discriminaciones por orientación sexual.

El texto que está sobre la mesa consta de 13 párrafos, con los que pretenden "reafirmar los derechos de estas personas, dentro de mecanismos internacionales existentes". "Se trata de lanzar así un movimiento global contra una práctica intolerable", según explican los relatores de la iniciativa, que reiteran que "la idea no es crear nuevos derechos, sino hacer la despenalización posible".

El corazón de la iniciativa es su párrafo 11, y está redactado para meter bajo el mismo paraguas a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Para ello se pide a los países que tomen "las medidas necesarias, administrativas y legislativas, para garantizar que la orientación sexual y la identidad de género no sean bajo ninguna circunstancia causa de sanción penal, en particular ejecución, arresto o detención". La mención a la pena capital no es casual, ya que, según el último estudio de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, en inglés), hay ocho países en los que los actos homosexuales están castigados con la muerte: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Mauritania, Sudán,Yemen y algunos Estados del norte de Nigeria.

El asunto salta periódicamente a los medios de comunicación, sobre todo cuando algún gay de uno de estos países intenta conseguir asilo en la UE. El último ha sido el iraní Abbas Bagherian Noveiri, a quien Chipre acaba de admitir, después de tres años de residencia ilegal. Bagherian afirma que desde los 15 años ha sido detenido al menos cinco veces por sus relaciones con otros hombres. Durante su estancia en la cárcel fue golpeado, según recoge la ONG IRQR, dedicada a prestar amparo a los gays iraníes.

La declaración se completa con otro párrafo en el que se hace mención a la no discriminación de los países por orientación sexual o identidad de género, por considerar que violan claramente los Derechos del Hombre. En casi 90 países hay legislaciones que castigan las relaciones homosexuales, por lo que no es de presumir que den su apoyo a la propuesta. Además, está la cuestión de los grupos que actúan al margen de la ley, como los paramilitares colombianos, un país donde el debate de una ley de parejas de hecho intensificó los ataques contra los activistas homosexuales. Uno de ellos, Manuel Antonio Velandia, tuvo que huir en 2007 a España, después de que su casa fuera atacada con granadas y de recibir amenazas tanto él como su familia. "Si hubiera sido yo sólo no me importaría, pero me convertí en un peligro para mis hermanos", declaró ayer Velandia.

Los negociadores no quieren entrar a polemizar sobre la posición que están adoptando países concretos u organizaciones religiosas. Pero en los pasillos de Naciones Unidas en Nueva York advierten de que el Vaticano se encuentra en una situación complicada, porque los países musulmanes más extremos están utilizando a la Santa Sede como escudo.

El Vaticano se opone a esta declaración porque acaba añadiendo "una nueva categoría" a los protegidos contra la discriminación, y porque además teme que se cree una reacción en cadena a favor de las uniones entre personas del mismo sexo y revertir la discriminación contra el matrimonio tradicional entre heterosexuales. Éste es uno de los motivos por el que Estados Unidos no ha ofrecido su apoyo, ya que se trata de un asunto que divide al país. En el mundo sólo es aceptado por cinco países: España, Holanda, Bélgica, Canadá y Suráfrica.

Pero, al mismo tiempo, en la Santa Sede no quieren que los miembros de este colectivo sean castigados con la pena de muerte, encarcelados o multados. El Vaticano pretende así tomar distancia de la posición de los países islámicos más radicales, haciendo visible su posición. Pero en el recuerdo está la alianza que forjaron en 1994 en El Cairo para tumbar una propuesta reconociendo el derecho al aborto.